En el Perú existe una realidad que pocos quieren decir en voz alta: una gran parte de las viviendas se construyen sin licencia. Y en ese proceso, muchos ingenieros y arquitectos terminan participando, ya sea diseñando o incluso firmando planos que nunca serán formalizados.

La pregunta incómoda es evidente: ¿deberíamos negarnos completamente a trabajar en ese mercado?

Desde el punto de vista técnico y legal, la respuesta parece sencilla. El marco normativo, como el Reglamento Nacional de Edificaciones, establece que todo proyecto debe cumplir ciertos estándares y pasar por una revisión formal. Firmar un plano no es un simple trámite: es asumir responsabilidad sobre lo que se va a construir.

Sin embargo, la realidad es mucho más compleja.

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¿Qué pasaría si ningún profesional aceptara proyectos sin licencia?

En teoría, esto debería empujar a todos los clientes a formalizar. Pero en la práctica, ocurriría algo distinto.

Primero, habría un impacto inmediato: una gran parte de la construcción se paralizaría o migraría hacia la autoconstrucción sin ningún tipo de asesoría técnica. Es decir, no desaparecería la informalidad, solo cambiaría de forma… y probablemente sería más riesgosa.

Segundo, el sistema formal colapsaría. Las municipalidades no están preparadas para procesar masivamente licencias en plazos razonables. Lo que hoy ya es lento, se volvería aún más crítico.

Y tercero, aparecería una realidad inevitable: no todos tienen la capacidad económica para cumplir con todos los requisitos que exige el sistema desde el inicio.

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El verdadero problema: un sistema que no se adapta a cómo construye la gente

En el Perú, la mayoría de familias no construye su vivienda de una sola vez. Construyen por etapas:

• Primero un piso
• Luego amplían
• Después crecen verticalmente

Pero el sistema exige lo contrario: un proyecto completo desde el inicio, con todos los costos asociados.

Ahí nace la desconexión. No es que la gente no quiera formalizar, es que muchas veces no puede hacerlo bajo las reglas actuales.

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La solución no es prohibir, es rediseñar el sistema

Si realmente se quisiera reducir la informalidad, el enfoque debería cambiar completamente. No se trata de exigir más, sino de facilitar mejor.

Una reforma realista debería considerar:

Licencias por etapas
Permitir que las personas formalicen su construcción de manera progresiva, según su capacidad económica.

Proyectos básicos accesibles
Reducir el alcance inicial a lo esencial: seguridad estructural, distribución y servicios básicos.

Planos tipo validados
Ofrecer soluciones estandarizadas que reduzcan costos y tiempos de diseño.

Procesos rápidos y digitales
Una licencia que demora meses simplemente no compite con la informalidad.

Subsidio técnico
Más que financiar la construcción, asegurar que lo que se construya tenga respaldo profesional.

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¿Y el rol del profesional?

Aquí es donde el debate se vuelve más delicado.

Negarse completamente a participar en proyectos sin licencia puede ser éticamente correcto, pero no necesariamente resuelve el problema de fondo. Por otro lado, aceptar todo sin condiciones debilita la profesión y aumenta el riesgo.

El punto intermedio —y más responsable— es claro:

• Diferenciar entre anteproyecto y expediente formal
• No asumir responsabilidades que el sistema no respalda
• Educar al cliente sobre los riesgos y beneficios

Porque al final, cada firma no es solo un trámite: es una responsabilidad directa sobre lo que se construye.

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Conclusión

Imaginar un Perú donde ningún profesional firme planos sin licencia es interesante, pero no elimina la informalidad. Solo deja en evidencia algo más profundo:

el sistema actual no está diseñado para la realidad económica del país.

Mientras formalizar sea caro, lento y rígido, la informalidad seguirá siendo la opción más accesible para miles de familias.

La solución no está en el profesional individual, sino en las reglas del juego.

La informalidad en la construcción no se combate con más normas, sino con un sistema que entienda cómo realmente construye el Perú.